(Nueva York) – El Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha derogado las disposiciones de los Códigos de Justicia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que penalizaban a sus oficiales por mantener relaciones sexuales consentidas con personas del mismo sexo, informó hoy Human Rights Watch. La sentencia, dada a conocer el 18 de noviembre de 2025, constituye una victoria histórica para la igualdad, ya que pone fin a un régimen de discriminación sancionado por el Estado que violaba los derechos humanos de agentes lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT).
En la sentencia T- C /1225/25, el tribunal sostuvo que el artículo 210 del Código de Justicia de la Policía Nacional y el artículo 260 del Código de Justicia de las Fuerzas Armadas violan las garantías constitucionales de no discriminación, privacidad, libre desarrollo de la personalidad y derecho al trabajo. Ambos artículos castigaban a los agentes por “sodomía” entre personas del mismo sexo con penas de hasta dos años y un año de prisión, respectivamente. No existían penas equivalentes para los actos sexuales heterosexuales.
“Durante décadas, estas disposiciones obligaron a los agentes LGBT a vivir con miedo a ser castigados simplemente por ser quienes son”, afirmó Cristian González Cabrera, investigador sénior de Human Rights Watch. “Esta sentencia es una afirmación rotunda de que un futuro más inclusivo es posible y necesario conforme a la legislación dominicana”.
En un memorial de amicus curiae presentado ante el tribunal en agosto de 2024, Human Rights Watch argumentó que la penalización de las relaciones entre personas del mismo sexo viola las normas internacionales, incluidos los derechos a la protección contra la injerencia arbitraria e ilegal en la vida privada y familiar y a la reputación y dignidad, tal como subrayó el experto independiente de las Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género.
En la sentencia, el tribunal destacó que la penalización de las relaciones homosexuales en las fuerzas de seguridad carecía de “un interés constitucional legítimo o de fortalecimiento y eficiencia institucional”. En particular, determinó que “ninguna norma dictada por parte de autoridades estatales o por particulares puede disminuir o restringir de modo alguno los derechos de una persona a partir de su orientación sexual, un aspecto esencial de la intimidad de las personas y del libre desarrollo de la personalidad”.
La sentencia se ajusta a una tendencia regional. En los últimos años, países como Perú, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos han eliminado leyes y políticas discriminatorias similares que penalizaban las conductas homosexuales de los agentes.
Anderson Javiel Dirocie De León, uno de los abogados que presentó el recurso, afirmó: “Este resultado favorable constituye el primer litigio de impacto general en beneficio de la igualdad y la dignidad de las personas LGBTI en la República Dominicana. El camino aún es largo, pero este es un precedente histórico en la lucha contra la discriminación por orientación sexual”.
Su coabogada, Patricia M. Santana Nina, dijo: “Con esta decisión se marca un paso firme para que, tanto estas instituciones como cualquier órgano público o privado y cualquier particular, adecúen sus normas institucionales y sus prácticas, para garantizar que ninguna persona sea discriminada o sancionada por su orientación sexual”.
La República Dominicana se encuentra rezagada respecto de otros países latinoamericanos en materia de derechos de las personas LGBT e intersexuales, según Human Rights Watch. Carece de una legislación civil integral contra la discriminación, del matrimonio entre personas del mismo sexo o de los derechos de unión civil, y del reconocimiento de la identidad de género de las personas transgénero, entre otras protecciones fundamentales.
En el Caribe, cinco países anglófonos —Granada, Guyana, Jamaica, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago— siguen manteniendo leyes que penalizan las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, una reliquia del colonialismo británico. Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo continúan penalizadas en 65 países, entre ellos Irán, Myanmar y Sudán.
“El presidente Luis Abinader y el Congreso deberían aprovechar el impulso de esta histórica sentencia para promover protecciones largamente esperadas para las personas LGBT”, dijo González. “Al avanzar con leyes que aborden la discriminación y la violencia, la República Dominicana puede alinearse con los avances en América Latina y demostrar un compromiso genuino con la igualdad y la dignidad para todos”.
