- El gobierno de Estados Unidos está llevando a cabo una campaña de redadas y detenciones en todo el país para impulsar una política de deportaciones masivas que separa familias y siembra el terror en comunidades enteras.
- Esta campaña comenzó, en su forma más agresiva, en Los Ángeles durante el pasado verano, sentando las bases para que tácticas similares se apliquen en otras ciudades de Estados Unidos, y se basa en gran medida en detener a personas debido a su raza, etnia u origen nacional percibidos.
- El gobierno de Estados Unidos debe poner fin a esta campaña violenta, que vulnera los derechos humanos a gran escala.
(Los Ángeles) – La violenta campaña de redadas y detenciones llevada a cabo por el gobierno federal de Estados Unidos durante el verano de 2025 en Los Ángeles ha sentado las bases para que abusos similares se repitan en ciudades de todo el país, señaló hoy Human Rights Watch. Tanto entonces como ahora, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) rastrean y detienen a personas sospechosas de no contar con autorización para permanecer en el país, separan a familias y siembran miedo en las comunidades.
Desde finales de mayo, ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otras agencias federales han realizado cientos de redadas en Los Ángeles y sus alrededores en lugares donde las personas latinas trabajan, compran, comen y viven, actuando con violencia y sin respeto por los derechos humanos. Agentes de ICE han detenido a vendedores ambulantes y a su clientela. Han irrumpido en autolavados y otros negocios con personal latino, y han intervenido en aparcamientos de Home Depot, donde personas buscan empleo. Funcionarios federales han reconocido que los agentes consideran la raza, la etnia y el origen nacional percibidos como factores clave para decidir a quién detener.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está llevando a cabo campañas similares en otras ciudades de Estados Unidos. La ley federal de presupuesto para 2025 aprobada en julio destina una cifra sin precedentes de US$170.000 millones al control fronterizo, la detención y las deportaciones.
“Estas redadas, dirigidas en gran medida contra comunidades latinas, han causado un daño devastador a la población de Los Ángeles, y han continuado e incluso ampliado sus tácticas a medida que se han extendido a otras ciudades del país”, afirmó John Raphling, director adjunto del Programa sobre Estados Unidos en Human Rights Watch. “Destruyen familias, obligan a la gente a vivir con miedo y ponen en evidencia la crueldad de las políticas migratorias de la administración Trump”.
Estas redadas generalizadas siguieron al llamado de Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete del presidente Donald Trump, a finales de mayo, para que las autoridades migratorias aumentaran sustancialmente el número de personas indocumentadas detenidas para su deportación. En ese momento, el presidente Trump publicó en Truth Social que pretendía “liberar Los Ángeles de la invasión inmigrante”.
Human Rights Watch analizó videos, fotografías y testimonios difundidos en medios de comunicación y redes sociales, y entrevistó a 39 personas, entre ellas algunas que habían sido detenidas y luego liberadas, familiares de personas detenidas y deportadas, testigos, integrantes de organizaciones que brindan servicios a comunidades latinas afectadas y un funcionario del condado de Los Ángeles.
El análisis de Human Rights Watch sobre datos de detenciones a cargo de ICE —excluyendo los arrestos realizados por CBP u otras agencias— confirma que, entre el 28 de mayo y el 28 de julio, agentes de la Oficina de Ejecución y Deportación de ICE incrementaron de forma drástica las detenciones, dirigidas en gran medida contra personas sin antecedentes penales violentos o incluso sin historial delictivo alguno en EE.UU. En la mayoría de los casos, las personas detenidas fueron trasladadas a centros de detención de ICE mientras avanzaban sus procesos de deportación. Algunas personas entrevistadas señalaron que funcionarios las presionaron indebidamente para que aceptaran una “salida voluntaria”. Los datos también muestran que los agentes de ICE detienen a personas basándose en su raza, etnia y origen nacional percibidos.
Las redadas documentadas por Human Rights Watch entre junio y septiembre se realizaron sin previo aviso: agentes en vehículos sin identificación se acercaban, saltaban y rodeaban a las personas que tenían como objetivo. La cobertura en prensa y redes sociales sobre otras redadas confirman un patrón operativo similar.
Testigos y registros audiovisuales muestran que los agentes suelen portar armamento de estilo militar, a veces vestidos de civil y otras con indumentaria táctica, y con frecuencia cubren sus rostros con máscaras, ocultando sus identidades y proyectando una imagen peligrosa y de aparente impunidad. Se han registrado casos de usoexcesivo de la fuerza, incluida la rotura de ventanillas y la extracción por la fuerza de personas que se encontraban dentro de los vehículos.
Personas detenidas y sus familiares describieron maltratos durante el traslado y en detención. Indicaron que las mantuvieron esposadas durante largos períodos, les negaron comida y agua, les obligaron a dormir en el suelo y les impidieron comunicarse con sus familias y con sus representantes legales.
Personas con familiares detenidos relataron graves consecuencias derivadas de estas redadas: sufrimiento emocional y físico por la separación, crisis económicas y grandes dificultades para cubrir gastos de cuidado infantil, de personas mayores o de familiares con discapacidad.
Estas operaciones también han limitado y disuadido a muchas personas latinas de participar en la vida pública de Los Ángeles. Las personas inmigrantes entrevistadas coincidieron en que ahora temen aparecer en espacios públicos, lo que ha provocado que se pierdan ceremonias de graduación, citas médicas y días de trabajo.
En Los Ángeles, la comunidad se ha movilizado para protestar, informar a las personas sobre sus derechos, grabar las actuaciones de agentes federales, organizar redes de alerta ante redadas y brindar apoyo a quienes se ven obligados a ocultarse.
“El gobierno de Estados Unidos está cometiendo abusos y sumiendo a las comunidades latinas en un estado de terror”, afirmó Raphling. “Aumentar de manera desproporcionada la financiación de ICE, en un contexto en el que sus abusos quedan completamente impunes, solo acarreará daños incalculables”.
Redadas generalizadas
Desde finales de mayo, las autoridades federales han desplegado numerosos equipos de agentes en la región de Los Ángeles para llevar a cabo redadas rápidas en lugares donde las personas latinas trabajan o se reúnen. Estas operaciones se han centrado en aparcamientos de Home Depot y otros puntos donde se busca empleo como jornalero, negocios de lavado de autos, mercadillos, centros comerciales, restaurantes, camiones de comida, puestos ambulantes y explotaciones agrícolas. Los agentes han detenido a personas trabajadoras, clientes, vendedoras y vendedores, e incluso estudiantes.
Agentes federales llevaron a cabo las redadas —en la mayoría de los casos documentadas y observadas a través de redes sociales y medios de comunicación— convergiendo sobre una persona, un grupo de personas o un negocio identificado como objetivo en vehículos sin distintivos, para luego agarrar y esposar a las personas, y en ocasiones subirlas a sus vehículos sin intentar siquiera verificar su situación migratoria.
Con frecuencia, los agentes actuaban con el rostro cubierto e iban vestidos de civil o con indumentaria de estilo militar. A menudo su ropa no contenía insignias que permitieran identificar a la agencia responsable. En la mayoría de los vídeos analizados por Human Rights Watch, y según los testimonios recabados, los agentes portaban armas de fuego, incluidos rifles de uso militar. En estos operativos, agentes arrestan a parte de las personas que detienen y las trasladan después a un centro de detención.
Los datos disponibles para Human Rights Watch abarcan solo hasta finales de julio, pero las entrevistas documentaron redadas hasta septiembre. Al momento de la publicación, las redes sociales y la cobertura informativa indican que las redadas en Los Ángeles continúan.
El análisis de los datos confirma un fuerte aumento de las detenciones durante el periodo de intensificación de las redadas, del 28 de mayo al 28 de julio, último día con información disponible. En ese tiempo, únicamente ICE —sin contar los arrestos realizados por CBP u otras agencias en Los Ángeles— detuvo a un promedio de 540 personas por semana. Se trata de un incremento notable en comparación con el promedio de 139 detenciones semanales registrado desde la investidura del presidente Trump hasta el inicio de estas redadas, y frente a las 87 semanales durante los 16 meses previos a su llegada a la presidencia.
Según testigos, agentes de ICE y CBP detuvieron a personas y las llevaron bajo custodia aparentemente sin conocer previamente su identidad. Relataron que los agentes detuvieron a todas las personas latinas que se encontraban en determinados lugares vendiendo comida o buscando trabajo, sin pedirles ningún tipo de identificación. Estas acciones sugieren que los agentes decidían a quién detener basándose en suposiciones sobre su situación migratoria debido a su raza, etnia u origen nacional percibidos, o por encontrarse en un lugar o ejercer un trabajo que, a juicio de los agentes, les hacía parecer más sospechosos.
La población latina, que representa casi la mitad de la población de Los Ángeles, está fuertemente concentrada en determinados sectores, especialmente la construcción, los servicios de alimentación, el trabajo agrícola y la producción textil.
Agentes federales detuvieron también a personas ciudadanas estadounidenses o con autorización legal para permanecer en el país, lo que evidencia aún más que los agentes no contaban con criterios fiables para practicar detenciones.
Funcionarios federales han reconocido en procesos judiciales que están deteniendo a personas basándose en su raza, etnia u origen nacional percibidos, su ubicación u ocupación, y/o el uso del español. El 11 de julio, un tribunal federal de distrito en Los Ángeles emitió una orden de restricción temporal que prohíbe realizar detenciones basadas únicamente en estos factores. El DHS, al solicitar al Tribunal Supremo suspender esa orden, argumentó que impedir el uso exclusivo de esos criterios “frustraría […] la aplicación de las leyes de inmigración en [Los Ángeles]”. El 8 de septiembre, el Tribunal Supremo suspendió la orden, otorgando libertad de actuación a ICE al menos hasta que se adopte una decisión definitiva.
Los datos de ICE no indican directamente si las detenciones se realizaron en virtud de una orden previa o del conocimiento del estatus migratorio de las personas. Sin embargo, el análisis de la información disponible apunta a que muchos arrestos se produjeron tras observaciones consideradas sospechosas por los agentes, como la raza, la etnia o el origen nacional percibidos de una persona, la lengua que habla, el lugar donde se encuentra y su ocupación.
Antes de finales de mayo, aproximadamente el 50 % de las personas detenidas por ICE tenían órdenes administrativas o judiciales de expulsión, lo que significa que las autoridades ya sabían que eran deportables. Entre el 28 de mayo y el 28 de julio, este porcentaje cayó al 25 %. Estos datos no incluyen a quienes fueron detenidos y posteriormente liberados al comprobarse que tenían estatus legal.
Inmediatamente después de la entrada en vigor de la orden de restricción temporal, el número de detenciones se desplomó un 64 %, de 104 al día a 38, lo que refuerza la evidencia de que las detenciones basadas en las características señaladas en la orden eran un componente central de la operación.
Redadas en Ambiance Apparel el 6 de junio
La mañana del 6 de junio, varias agencias federales, entre ellas ICE y el FBI, llevaron a cabo una serie de redadas cerca del centro de Los Ángeles, incluidas dos instalaciones de la empresa textil Ambiance Apparel. Decenas de agentes irrumpieron en los establecimientos con equipo táctico y armamento de estilo militar, muchos con el rostro cubierto. Detuvieron y arrestaron a más de 40 trabajadores, los esposaron y los subieron a furgonetas sin identificación. Según familiares, las personas detenidas fueron trasladadas primero a los calabozos del tribunal federal, luego a un centro de detención en Santa Ana y, posteriormente, al Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, operado por la empresa privada GEO Group.
El fiscal federal interino del Distrito Central de California, Bill Essayli, afirmó que los agentes contaban con una orden judicial para buscar “documentos comerciales ficticios”. Sin embargo, familiares señalaron que funcionarios federales ya habían visitado las instalaciones semanas antes, lo que sugiere que pudieron identificar a quienes tenían como objetivo.
Human Rights Watch entrevistó a 10 familiares de personas detenidas durante las redadas y a una persona arrestada que fue posteriormente liberada. Describieron condiciones abusivas: permanecer esposadas durante horas dentro de furgonetas abarrotadas y extremadamente frías, sin recibir comida ni agua durante largos periodos, sin acceso al baño durante horas, obligadas a dormir en el suelo durante días y sin poder comunicarse con familiares ni abogados.
Varias personas detenidas dijeron haber sido presionadas para firmar documentos mediante los cuales renunciaban a su derecho a impugnar la deportación. Una de ellas firmó y fue deportada rápidamente.
Un hombre arrestado ha vivido en Estados Unidos durante décadas y trabajó muchos años en Ambiance Apparel. Ha criado a sus hijos —todos nacidos en el país— y es el principal sustento económico de su familia. Su hijo presenció cómo agentes encapuchados lo empujaban dentro de una furgoneta y hacían lo mismo con otras personas trabajadoras. Según relató, permaneció esposado dentro del vehículo con el aire acondicionado a máxima potencia y sin poder ir al baño durante casi ocho horas. Las autoridades le negaron contacto con su familia durante cinco días, incluso tras su traslado a Adelanto.
Otro hombre, residente en Estados Unidos desde hace más de 20 años y empleado de Ambiance Apparel desde hacía varios, contó que ese 6 de junio los agentes bloquearon las entradas de la empresa, lo acorralaron junto a otras personas, lo esposaron y lo mantuvieron sentado en el suelo durante horas. Luego lo obligaron a subir a una furgoneta, donde estuvo toda la noche con las manos, los pies y la cintura inmovilizados mientras el aire acondicionado seguía funcionando. Las autoridades se negaron a quitarle las esposas para que pudiera usar el baño. Posteriormente fue trasladado a Santa Ana y luego a Adelanto. Durmió en el suelo hasta el 9 de junio, cuando finalmente le dieron una cama, aunque otras personas no la obtuvieron hasta el día siguiente. Tras dos semanas, fue liberado con un dispositivo de monitoreo en el tobillo.
Un tercer hombre, también con más de dos décadas en Estados Unidos y cinco años de trabajo en Ambiance Apparel, estuvo incomunicado durante más de un día tras su detención, según una de sus hijas. Esta contó que los agentes le gritaron exigiéndole que firmara documentos, pero él se negó. Sigue detenido, y su familia atraviesa una situación angustiosa porque es su principal fuente de ingresos y apoyo emocional. Esta hija dijo que otra de sus hijas ha dejado de poder alimentarse adecuadamente debido al estrés.
Todos los familiares entrevistados describieron graves dificultades económicas y un profundo sufrimiento emocional. Muchas personas dijeron sentirse paralizadas por el miedo y evitar salir de sus hogares, especialmente mientras las redadas continuaban.
Los datos analizados muestran un aumento significativo en el uso de la detención durante los procedimientos de deportación desde el comienzo del gobierno de Trump, de manera especialmente marcada durante la intensificación de arrestos en Los Ángeles. Durante la administración Biden, el 74 % de las personas arrestadas por ICE en Los Ángeles sin antecedentes penales fueron puestas en libertad mientras avanzaban sus procesos migratorios. Desde el inicio de la administración Trump, las autoridades han encarcelado prácticamente a todas las personas detenidas por ICE en la ciudad, incluso aquellas sin historial delictivo.
El análisis de datos de Human Rights Watch también evidencia un aumento significativo de las llamadas “salidas voluntarias” durante la oleada de operaciones. Estas cifras resultan especialmente preocupantes ante los informes de familiares que denuncian presiones para que las personas detenidas renuncien a su derecho a impugnar la deportación.
Redadas en aparcamientos de Home Depot
Human Rights Watch documentó nueve redadas en aparcamientos de tiendas Home Depot, entrevistó a testigos y analizó fotografías y videos disponibles. El equipo investigador también revisó publicaciones en redes sociales y cobertura periodística sobre decenas de redadas adicionales en estos establecimientos. Todas siguen un patrón similar: furgonetas sin identificación, agentes armados —en muchos casos enmascarados— que irrumpen en los aparcamientos, persiguen y detienen a personas latinas que aparentan ser jornaleras o vendedoras ambulantes. En algunas operaciones, los agentes detuvieron y arrestaron a un gran número de personas, mientras que en otras, algunas lograron escapar.
Home Depot es una cadena estadounidense de ferreterías con numerosos locales en el sur de California. Las personas suelen esperar en esos aparcamientos en busca de trabajos temporales. En el área de Los Ángeles, quienes trabajan así son en su mayoría latinas, algunas sin autorización migratoria.
El 19 de junio, agentes federales realizaron una redada en el Home Depot del vecindario de Hollywood. Los testimonios de una persona presente, videos parciales de la operación, publicaciones en redes sociales de otros testigos y la cobertura mediática coinciden en lo sucedido. Agentes federales, principalmente de CBP, llegaron en furgonetas blancas, vestidos con equipamiento táctico y portando armas, y rodearon simultáneamente el aparcamiento y las aceras aledañas.
De inmediato detuvieron por la fuerza a unas 20 vendedoras ambulantes —en su mayoría mujeres latinas— que se instalan habitualmente en St. Andrews Place, les ataron las manos con bridas y las llevaron al otro lado de la calle. Otros agentes persiguieron a hombres que buscaban trabajo en el aparcamiento, forcejearon con algunos y sacaron por la fuerza a varias personas de sus vehículos, incluso rompiendo la ventana de uno de ellos.
Una integrante de la comunidad que presenció los hechos —y que desde entonces sigue de cerca las redadas en Home Depot— ha estado documentando lo ocurrido, hablando con personas detenidas y ayudándolas a contactar con sus familias. Señaló que los agentes no solicitaban identificación y que, según su recuento, detuvieron a 25 jornaleros y cuatro vendedoras.
Relató que los agentes arrestaron a un hombre al que previamente se le había concedido asilo y que fue liberado esa misma tarde. Era su segunda detención durante la reciente oleada de operaciones. También contó que los agentes derribaron a un hombre que grababa la redada e informaba a las personas presentes sobre sus derechos; lo arrestaron y lo dejaron en libertad una hora después.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional declaró que CBP había “arrestado a 30 extranjeros ilegales” en la operación.
La misma integrante de la comunidad calcula que se han producido más de 50 redadas similares entre el 6 de junio y finales de agosto. Entre ellas, una que presenció el 30 de junio en la tienda de Home Depot en Cypress Park, donde los agentes detuvieron y arrestaron a 17 personas, cifra que pudo confirmar. También fue testigo de otra redada el 5 de julio en el Home Depot de Van Nuys, donde agentes —en su mayoría de CBP— sacaron por la fuerza a varias personas de sus autos y detuvieron y arrestaron a 14 de ellas. Según esta persona y los medios de comunicación, agentes federales han realizado redadas en algunos de estos lugares en múltiples ocasiones.
La redada del 19 de junio y las 30 personas arrestadas ese día no figuran en la base de datos de detenciones de ICE porque quienes realizaron los arrestos fueron agentes de CBP. Tampoco aparecen en los datos públicos de aprehensiones de CBP, lo que sugiere que la información divulgada por el DHS podría no ser exhaustiva.
Redadas en otros lugares
El 11 de junio, Human Rights Watch entrevistó a una mujer que regentaba un pequeño puesto de frutas y verduras en Camarillo, una ciudad a una hora al norte de Los Ángeles y rodeado de explotaciones agrícolas. Contó que, durante esa semana, agentes federales habían realizado redadas cada día en una granja distinta, llevándose a personas que estaban cosechando. Relató que, tras estas operaciones, los campos cercanos tenían mucha menos mano de obra de lo habitual y que muchas trabajadoras y trabajadores agrícolas de su comunidad tenían miedo de acudir a trabajar. Medios locales informaron entonces que numerosas personas habían dejado de ir al campo por temor. Un mes después, agentes federales volvieron a realizar una redada en otra granja de la zona.
El 12 de junio, un hombre había terminado su jornada como pintor y conversaba con un amigo en el aparcamiento de un pequeño centro comercial en Rosemead, un suburbio de Los Ángeles. Ambos vestían ropa de trabajo manchada de pintura y estaban junto a sus camionetas, con escaleras y herramientas a la vista, según relató un testigo. Al menos dos vehículos sin identificación se acercaron a ellos, que intentaron huir en direcciones opuestas. Varias personas agentes bajaron de un Ford Explorer y alcanzaron a uno de los hombres. Uno de los agentes llevaba una camiseta con la palabra “Policía”, sin indicar la agencia; las demás iban de civil. Una tenía el rostro cubierto y las otras llevaban gafas de sol.
La familia del hombre indicó que nunca había tenido contacto previo con autoridades migratorias, lo que hace improbable que los agentes contaran con una orden judicial o supieran quién era. Según el testigo, los vehículos tenían matrículas de otros estados y los agentes habían estado circulando por el vecindario como si buscaran a gente. Un familiar señaló que, al momento de la entrevista, el hombre seguía detenido en el Centro Regional de Detención de Imperial, en Calexico. No pudo acompañar a su hija en su ingreso a la universidad y sus hijos sufren la falta de su apoyo emocional y económico.
El 19 de junio, una mujer que lleva 29 años viviendo en Estados Unidos y ha criado allí a sus dos hijos vendía tamales frente a un centro comercial en Pacoima. Mientras recogía su puesto a media mañana, un coche blanco se detuvo frente a ella. Pensó que se trataba de un cliente, pero dos hombres con máscaras y gafas oscuras se bajaron del vehículo. Sin decir una palabra, la sujetaron e intentaron meterla en el coche. La mujer entró en pánico y sintió un fuerte dolor en el pecho. Les dijo que no podía respirar y rezó para protegerse. Los agentes le ordenaron: “Sigue caminando”. Ella perdió el conocimiento y cayó al suelo.
Cuando recuperó la conciencia, vio que los agentes sujetaban a una amiga suya, que gritó: “¡Soy ciudadana!”. Uno de los agentes comprobó el pulso de la mujer que estaba en el suelo y dijo que era alto, pero luego se apartó y la dejó allí. Sus amistades llamaron a los servicios de emergencia, que la trasladaron al hospital. Permaneció ingresada durante cinco días: los médicos confirmaron que había sufrido un infarto y le realizaron procedimientos para desobstruir las arterias.
Mientras los agentes retenían a la mujer, relató otra persona que grababa la escena, otros agentes —armados con rifles de estilo militar— salieron de furgonetas blancas y se desplegaron por el aparcamiento. Llevaban máscaras y no portaban insignias que identificaran su agencia. También había agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD). Cuando el hombre que grababa trató de acercarse para ver qué ocurría, agentes de policía lo empujaron, lo tiraron al suelo y lo arrestaron. Lo mantuvieron encarcelado sin fianza durante cuatro días y luego lo liberaron sin presentar cargos.
La mañana del 9 de septiembre, entre 12 y 15 agentes federales, en vehículos sin identificación, realizaron una redada en un lavadero de autos de Van Nuys propiedad de Rafie Shouhed. Según su testimonio, los agentes no presentaron ninguna orden judicial ni preguntaron por alguien en particular. Uno de ellos recorrió un pasillo de las instalaciones y empujó al suelo a Shouhed, de 79 años, pasando por encima de él. El propietario se incorporó y salió, donde presenció cómo detenían a varias personas empleadas. Algunos agentes llevaban armamento de estilo militar, estaban encapuchados y “vestidos como si fueran a la guerra”, afirmó.
Shouhed contó que preguntó a un agente: “¿Puedo ayudarles en algo?”. El agente no respondió, pero lo agarró. Otro agente corrió hacia él y volvió a derribarlo. Un tercero se arrodilló sobre su espalda mientras lo esposaban antes de subirlo a un todoterreno y trasladarlo al área de detención del edificio federal en el centro de la ciudad.
Los agentes lo retuvieron alrededor de 12 horas, casi todo el tiempo esposado, aun cuando mostró su licencia de conducir y se comprobó que era ciudadano estadounidense, y a pesar de sus solicitudes de atención médica por sus lesiones y una afección cardíaca. Cuatro personas empleadas del lavadero —todas latinas— también fueron detenidas. Las autoridades afirmaron que Shouhed fue arrestado por obstruir a agentes federales.
Human Rights Watch señaló que estas tácticas —agentes que se acercan sigilosamente en vehículos sin identificación, irrumpen con equipo militar, empuñan armas, reducen y esposan a personas, emplean ocasionalmente fuerza excesiva y se las llevan sin explicación— son absolutamente desproporcionadas, tanto respecto de los objetivos declarados de estos operativos como ante la total ausencia de amenaza aparente por parte de las personas afectadas. En muchos casos, las tácticas de los agentes parecen ser deliberadamente violentas y profundamente traumáticas. Al menos dos personas han muerto intentando huir de estas redadas.
Impacto en las comunidades
Todas las personas latinas entrevistadas, muchas de ellas proveedoras de servicios, describieron un clima de miedo desde el inicio de las redadas, lo que ha llevado a muchas a retirarse de la vida pública.
Una mujer que lleva más de 13 años en Estados Unidos y ha criado allí a sus tres hijos relató que en junio se produjeron redadas repetidas en su vecindario, incluso en el supermercado local. Ella y sus hijos vieron a agentes federales patrullando las calles y los alrededores de sus escuelas. Dejó de trabajar para evitar encontrarse con patrullas, y su esposo utilizó días por enfermedad para quedarse en casa tanto como fuera posible.
Tras recibir alertas de que ICE podría aparecer, ella y su esposo no asistieron a las graduaciones de sus hijos —una de secundaria y otra de formación profesional—. Dejó de participar en actividades comunitarias y dependía de otras personas para ir a la tienda o hacer recados. Describió su situación como si estuviera “en prisión” o “en cuarentena”. Señaló que temores similares están muy extendidos en su comunidad.
“¿Cuál es realmente el pecado que hemos cometido?”, se preguntó. “Para nosotros, este es nuestro país. Siempre he amado este país. Aquí he criado a mis hijos. Aquí he entregado mi vida. Hemos contribuido al crecimiento de este país”.
Otra mujer dijo, a finales de junio, que no temía tanto ser deportada como ser interceptada por la calle, encarcelada y sufrir daños a manos de funcionarios de inmigración. Sobre todo, temía ser separada de sus hijas. Cuida de dos adolescentes con discapacidad, incluidas tareas de apoyo en sus escuelas.
Dejó de acudir a los centros escolares. Se enfermó, pero canceló su cita médica. Su esposo tenía que trabajar, y cada día ella vivía con la angustia de que pudiera no regresar. También cuida de su nieto de dos años, pero temía llevarlo al parque. Dijo que no se siente “segura en ningún lugar. Es como si estuviera en una cueva”.
Las personas entrevistadas describieron una variedad de impactos negativos de las redadas, así como las acciones que estaban tomando para evitarlas, incluidos dejar de trabajar o mantenerse alejadas de los mercados —especialmente los latinos— que podrían ser blanco de estos operativos. Una mujer contó que en junio muchas familias de su comunidad comenzaron a abastecerse de alimentos para minimizar sus salidas.
Representantes de dos organizaciones que brindan servicios dijeron haber creado sistemas de reparto para que la gente pudiera recibir comida sin ir a comprar. Según medios de comunicación, muchas personas han dejado de asistir a la iglesia y se han cancelado eventos comunitarios. “Procuramos no dejarnos ver todo lo posible”, dijo una mujer en septiembre.
Las personas sin hogar son especialmente vulnerables. Habitantes de asentamientos en Skid Row indicaron que muchas permanecían escondidas en sus tiendas de campaña, sin acudir al trabajo ni utilizar el transporte público. Una mujer que lleva más de 25 años viviendo en Estados Unidos afirmó que una docena de amistades y vecinos habían sido detenidos por ICE desde el inicio de las redadas. “La gente desaparece; no tengo idea de adónde se las llevan ni qué les está pasando”, dijo. “Simplemente ya no están”.
Las redadas generalizadas, el elevado número de personas trabajadoras encarceladas y el clima de miedo han afectado la economía de la región de Los Ángeles y del estado en general. Según un estudio del Merced Community and Labor Center de la Universidad de California, el número total de personas trabajadoras no ciudadanas en California disminuyó un 12,3 % entre mayo y julio, mientras que la cifra entre trabajadoras y trabajadores ciudadanos descendió un 4,9 %. La investigación indica que la caída afectó principalmente a la población trabajadora latina.
Los sectores agrícola y alimentario se han visto especialmente perjudicados. Agricultores informaron que muchas personas dejaron de presentarse a trabajar. Según una estimación, entre el 25 % y el 45 % de la mano de obra agrícola del condado de Ventura dejó de trabajar en junio, lo que provocó retrasos en las cosechas y pérdidas por descomposición. Otros sectores que dependen de mano de obra inmigrante, como el cuidado infantil y la industria textil, también han sufrido impactos en las condiciones laborales y las ventas.
Respuesta federal
Las autoridades federales, especialmente del DHS, han defendido repetidamente esta campaña alegando que las redadas se centran en delincuentes peligrosos. Sin embargo, el análisis que Human Rights Watch realizó a partir de datos oficiales muestra que, en el área de Los Ángeles, aproximadamente el 66 % de las personas detenidas entre finales de mayo y julio no tenía ningún historial delictivo en el país; apenas un 5 % contaba con condenas previas por delitos violentos o sexuales.
Que las detenciones incluyan cada vez menos a personas con antecedentes penales y que las autoridades recurran a justificaciones engañosas para las redadas sugiere que están arrestando a más personas desconocidas para ellas, basándose en su raza, etnia u origen nacional percibidos como factores determinantes.
Otros análisis muestran que a nivel nacional menos del 7 % de las personas detenidas tenía antecedentes por delitos violentos, y casi un 15 % únicamente había cometido infracciones de tráfico o violaciones administrativas de inmigración.
Resistencia de las comunidades frente a las redadas
En Los Ángeles, muchas personas han alzado la voz contra las redadas y han tomado distintas medidas para proteger a sus familias y comunidades de distintas maneras. Cientos de personas se movilizaron tras las operaciones en las instalaciones de Ambiance Apparel para presenciar lo ocurrido, apoyar a quienes trabajaban allí, animarlas a ejercer sus derechos y manifestarse. Miles participaron en protestas en el centro de la ciudad en las semanas posteriores al inicio de las redadas, enfrentándose a menudo al uso excesivo de la fuerza y a actos de brutalidad deliberada por parte de agentes locales y federales.
Organizaciones de derechos de las personas inmigrantes, grupos comunitarios y de incidencia, así como ciudadanía preocupada no afiliada, han creado redes de “respuesta rápida” para compartir información sobre la presencia y movimientos de agentes federales y alertar sobre redadas inminentes, según explicaron activistas y prestadores de servicios entrevistados. Estas organizaciones también han puesto en marcha sistemas para registrar quiénes son detenidas y detenidos, facilitar su acceso a representación legal y ayudar a sus familias a comunicarse con ellas. Además, han proporcionado alimentos y otros artículos esenciales a las personas indocumentadas que no pueden salir de sus hogares.
Muchas de las personas que han presenciado la persecución y detención de personas durante las redadas han resistido asesorando a quienes eran arrestadas sobre sus derechos, recogiendo sus datos para ponerlas en contacto con asistencia legal y avisar a sus familias, y grabando los operativos para documentar la violencia y los abusos.
La Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y la legislación de California protegen el derecho a observar y grabar la actuación policial, incluidas las detenciones migratorias. No obstante, agentes del orden han detenido en algunos casos a personas que filmaban o presenciaban las operaciones, alegando supuestas agresiones.
El 15 de agosto, según señaló una activista comunitaria, agentes federales irrumpieron nuevamente en el aparcamiento del Home Depot en Van Nuys. Algunas personas se refugiaron en el “centro de jornaleros”, una zona cercada dentro del mismo estacionamiento. Los agentes intentaron entrar, pero integrantes de la comunidad intervinieron y finalmente lograron que se retiraran.
