(Washington, DC) – Las tácticas de aplicación de la ley inmigratoria de la Administración Trump que menoscaban la protección de personas indocumentadas sobrevivientes de delitos debilitan la posibilidad de las fuerzas del orden de investigar y procesar penalmente delitos, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
El informe de 50 páginas, “‘We Need U’: How the U Visa Builds Trust, Counters Fear, and Promotes Community Safety” (Necesitamos de ustedes: La visa U genera confianza, contrarresta el temor y promueve la seguridad comunitaria), concluye que las políticas sobre deportación de la Administración socavan los programas federales de visas que ofrecen una vía para que las víctimas de delitos puedan obtener la residencia legal cuando cooperen con las autoridades de orden público. Los cambios en las pautas de aplicación de la ley, como por ejemplo, permitir que funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arresten a personas en lugares que antes eran seguros, como tribunales de justicia y centros de salud, constituye un fuerte factor disuasorio para inmigrantes que, de no ser así, podrían denunciar delitos a la policía o intentar obtener una orden de protección.
“A pesar del discurso enérgico que habla de tomar medidas contundentes contra la delincuencia, las acciones y políticas de aplicación de la ley de la Administración Trump están beneficiando a quienes cometen abusos, y esto hace que sea menos probable que se detenga y procese penalmente a esas personas”, manifestó Sara Darehshori, consultora para Human Rights Watch y autora del informe. “Si el gobierno tiene un interés genuino en combatir la criminalidad, tomará medidas para ampliar y mejorar los programas de visas que permiten a las víctimas denunciar hechos sin temor a que se las deporte”.
El Congreso creó la visa U en el año 2000 para ayudar a combatir la violencia de género, al reconocer que las mujeres y las niñas y los niños indocumentados son especialmente vulnerables al abuso y es poco probable que denuncien delitos porque temen ser deportados. Conforme al programa de visas U, las personas sobrevivientes de violación sexual, violencia doméstica, trata y otros 25 delitos enumerados tienen una vía para obtener la residencia legal si cooperan con las autoridades de aplicación de la ley u otro organismo de certificación, han sufrido abuso físico o psicológico sustancial y, por lo demás, reúnen los requisitos para ser admisibles en Estados Unidos.
El programa apunta a asegurar que quienes cometen abusos no puedan valerse de la amenaza de deportación para evitar que las víctimas acudan a la policía y fortalecer la capacidad de las fuerzas del orden para investigar y enjuiciar los delitos.
El equipo de investigación realizó 43 entrevistas entre mayo y octubre de 2025 con funcionarios de orden público, abogados que trabajan en temas de inmigración, defensores y víctimas de delitos en todo el país para tener una mejor comprensión del impacto del programa.
En un ejemplo, una mujer fue golpeada brutalmente por su novio en junio de 2023. Le propinó golpes, le provocó cortes en la mano y el rostro con un cuchillo, la golpeó con una botella y la estranguló hasta el punto de dejarla inconsciente. También amenazó con matarla, advirtiéndole que terminaría en una “bolsa para cadáveres”. Fue llevada a la sala de urgencias de un hospital, donde recibió tratamiento por laceraciones graves y fractura de hombro. Mientras se encontraba allí, juntó el coraje para denunciar el abuso al Departamento de Policía de Nueva York, y cree que esta decisión le salvó la vida. Ahora está a la espera de que le otorguen la visa U.
“Quienes cometen abusos suelen utilizar las amenazas de deportación y separación de los hijos para impedir que sus víctimas acudan a la policía”, explicó Darehshori. “Las tácticas agresivas de aplicación de la ley que utiliza el ICE durante la Administración Trump probablemente tendrán el efecto de que las personas sobrevivientes se vuelvan más reacias que nunca a acceder a la ayuda que necesitan”.
Una encuesta que realizó la Alliance for Immigrant Survivors confirma el temor de que las prácticas de aplicación de la ley por parte de la Administración Trump hayan dado a los responsables de abusos una herramienta poderosa para controlar a sus víctimas. De los 170 defensores y abogados encuestados en todo el país en la primavera de 2025, más del 75 % dijo que sus clientas temen contactar a la policía y más del 70% señaló que a estas les preocupa acudir a la justicia por algún asunto relacionado con los responsables de los abusos.
Los beneficios del programa de visas U se extienden más allá de los casos de violencia por parte de parejas de hecho y las comunidades de inmigrantes. Diversos estudios vinculan a responsables de la violencia doméstica con una extensa variedad de otros delitos que ocurren fuera del hogar. Las personas entrevistadas mencionaron ejemplos de víctimas inmigrantes que brindan ayuda esencial en casos relacionados con el robo de salarios, homicidios, robos, crímenes de odio y casos de violación o agresión sexual perpetrados por extraños. También mencionaron que existen múltiples salvaguardias dentro del programa que aseguran que se detecten señalamientos falsos.
El programa de visas U dista de ser perfecto, apuntó Human Rights Watch. Son muy pocas las visas disponibles, las víctimas tardan años en obtenerlas y el proceso a veces parece arbitrario, ya que las fuerzas del orden tienen una amplia discrecionalidad para determinar si otorgan la certificación requerida para que la solicitud sea exitosa.
No obstante, el programa es una herramienta fundamental para mantener más seguras a las personas en Estados Unidos y para que el Gobierno cumpla con sus obligaciones de derechos humanos de abordar la violencia de género y proteger a las víctimas. El Congreso debe adoptar medidas orientadas a fortalecer y ampliar el programa, afirmó Human Rights Watch
“La visa U contribuye a disipar el temor que suele silenciar a sobrevivientes y les genera seguridad para pedir ayuda y apoyar las investigaciones sin poner en riesgo el bienestar de sus familias”, aseveró Saloni Sethi, comisionada de la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York para Erradicar la Violencia Doméstica y de Género. “Fortalecer y optimizar el proceso de las visas U permitiría que más sobrevivientes denunciaran lo ocurrido y recibieran el apoyo que merecen, ayudaría a enjuiciar a los agresores y contribuiría a que la Ciudad de Nueva York sea más segura”.
