La cumbre climática de las Naciones Unidas (COP30) de este año se lleva a cabo en Belém, la puerta de acceso a la selva amazónica brasileña. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inauguró la cumbre anunciando un fondo de inversión global que compensaría a los países con bosques tropicales a cambio de evitar la tala de árboles. Los pueblos indígenas han tenido una presencia destacada en todo el evento y reclaman que se les reconozcan sus contribuciones como defensores ambientales.
Estos eventos posicionaron a los bosques en el centro de la cumbre y potenciaron las expectativas de que se impulsarían los esfuerzos para proteger los bosques críticos para el clima y las comunidades que dependen de ellos.
A nivel nacional, ha habido cierto avance. Esta semana, Brasil concluyó el proceso de reconocimiento jurídico formal de cuatro territorios indígenas.
En uno de esos territorios, en el estado de Mato Grosso, hay actores dedicados a la ganadería ilegal que amenazan con invadir y convertir el bosque en pastizales. La noticia ha reavivado la esperanza en el grupo indígena manoki, que habita el territorio. “Ocuparemos el lugar que nos corresponde en nuestro territorio con la frente en alto, sin temor, como nos enseñaron nuestros sabios”, expresó Giovani Tapura, líder del pueblo indígena manoki, a Human Rights Watch.
Brasil también anunció que había avanzado en el proceso de reconocimiento formal de la demarcación de otros 23 territorios. Las evidencias son claras, sobre todo en la región amazónica, de que los territorios indígenas y de afrodescendientes demarcados presentan menos deforestación que otras áreas comparables.
Sin embargo, hasta ahora, las negociaciones que efectivamente han tenido lugar dentro de la conferencia climática no han abordado compromisos para detener la deforestación ni reivindicar los derechos de los pueblos que habitan los bosques.
La versión más reciente del documento final de la COP30 no incluye una hoja de ruta para los bosques, a pesar de que los países acordaron anteriormente detener y revertir la pérdida de bosques para el año 2030.
El documento final de la COP30 debería incluir un compromiso para que los gobiernos empiecen a trabajar de inmediato en una hoja de ruta que establezca plazos precisos para poner fin a la pérdida de bosques y combatir su degradación.
La hoja de ruta también debe incluir un compromiso explicito de promover los derechos a la tierra de los pueblos indígenas y las comunidades locales. En la práctica, esto implica el reconocimiento legal de los derechos consuetudinarios a la tierra, combatir las invasiones ilegales de territorios tradicionales, fortalecer la gobernanza de las tierras administradas por comunidades e invertir en medios de vida sostenibles para las comunidades tradicionales. La hoja de ruta debe instar explicitamente a destinar fondos a iniciativas de conservación lideradas por las comunidades.
La COP30 debe marcar un punto de inflexión para la protección de los bosques críticos para el clima. Los gobiernos deberían elaborar una hoja de ruta para detener la deforestación y garantizar derechos.
