(Washington D. C.) – La policía y las fuerzas de seguridad ecuatorianas han restringido la libertad de reunión y, en ocasiones, hecho uso excesivo de la fuerza en su respuesta a las protestas que se llevan a cabo desde mediados de septiembre, señaló hoy Human Rights Watch.
Desde el 18 de septiembre, el movimiento indígena más grande del país ha liderado protestas tras la decisión del presidente Daniel Noboa de eliminar los subsidios al combustible diésel. Si bien algunos manifestantes incurrieron en actos violentos, la mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas. El gobierno respondió movilizando a las Fuerzas Armadas, que en varias ocasiones hicieron uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. El gobierno acusó a los manifestantes de “terrorismo” y congeló las cuentas bancarias de grupos y líderes indígenas y ambientalistas.
“El gobierno ecuatoriano debe respetar los derechos de los manifestantes y dar respuesta a las demandas que periódicamente llevan a los ecuatorianos a las calles”, dijo Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Cualquier manifestante que participe en actos violentos debe ser investigado, pero eso no justifica estigmatizar a otros manifestantes ni hacer un uso excesivo de la fuerza”.
Human Rights Watch verificó 15 videos de las protestas, en los que se ve a soldados o policías dispersando por la fuerza manifestaciones pacíficas y utilizando gas lacrimógeno y armas “menos letales” de forma negligente e indiscriminada. Los investigadores también revisaron documentos oficiales en los que se suspendía un medio de comunicación y se abrían investigaciones contra defensores del medio ambiente y líderes indígenas. También solicitaron comentarios a los Ministerios del Interior y de Defensa respecto a las denuncias de uso excesivo de la fuerza y las muertes relacionadas con las protestas.
El 12 de septiembre, el presidente Noboa eliminó el subsidio al diésel, provocando un aumento de más del 50 % en el precio del combustible diésel. El gobierno justificó la medida alegando, entre otros, que el subsidio le costaba al Estado ecuatoriano casi US$1.100 millones anuales y socavaba la “sostenibilidad de las finanzas públicas”. Al igual que en años anteriores, varias organizaciones y trabajadores anunciaron inmediatamente manifestaciones en respuesta a la decisión.
El 16 de septiembre, el presidente Noboa emitió un decreto presidencial en el que declaró el estado de excepción en 7 de las 24 provincias del país, alegando que existía una “grave conmoción interna” causada por los cierres de vías por parte de los manifestantes. El decreto suspendía el derecho a la libertad de reunión y movilizaba a las Fuerzas Armadas. Aunque la Corte Constitucional posteriormente limitó la medida a dos provincias, el presidente Noboa emitió un nuevo decreto el 4 de octubre que abarcaba otras 10 provincias del país. La Corte aún no ha analizado el nuevo decreto.
Desde enero de 2024, el presidente Noboa ha recurrido repetidamente a la declaratoria del estado de excepción para desplegar a las fuerzas armadas en las calles y cárceles de Ecuador, lo que ha dado lugar a un aumento de las denuncias de violaciones de los derechos humanos. También declaró un “conflicto armado interno”, en un intento por justificar un uso más amplio y potencialmente más letal de las fuerzas militares. La Corte Constitucional ha puesto en duda que exista un “conflicto armado interno”.
El 18 de septiembre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y otros movimientos indígenas anunciaron un paro nacional en respuesta al recorte de los subsidios al diésel, el deficiente acceso a la salud y la educación, y las actividades extractivas en territorios indígenas. Las manifestaciones se han replicado en varias zonas del país y se han convertido en protestas antigubernamentales más amplias.
Algunos manifestantes han participado en actos de violencia, incluyendo daños a la propiedad pública y privada. En septiembre, los indígenas retuvieron a 17 soldados durante tres días. El gobierno también informó de dos ataques contra convoyes oficiales en los que se encontraba el presidente. En un correo enviado a Human Rights Watch el 17 de octubre, el ministro de defensa encargado mencionó “agresiones letales” contra soldados y casos de “secuestros [y] tortura”.
Hasta el 18 de octubre, la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, una coalición de organizaciones de derechos humanos, había registrado 377 reportes de violaciones de derechos humanos durante las protestas, que han resultado en al menos 296 personas heridas y dos fallecidas.
En un video verificado por Human Rights Watch, se ve a las fuerzas de seguridad cerca de la comunidad de Huaycopungo, en la provincia de Imbabura, disparando gas lacrimógeno en trayectoria baja contra casas donde aparentemente no hay multitudes. El gas lacrimógeno siempre debe lanzarse en arco hacia zonas abiertas, y la fuerza sólo debe emplearse cuando sea necesaria para alcanzar un objetivo legítimo.
Otro video en Otavalo muestra a un agente de seguridad disparando proyectiles desde un lanzador a corta distancia directamente contra un manifestante que huía. En el video no es posible identificar el tipo de proyectil utilizado. El uso de armas menos letales de esa forma no se justifica conforme a los estándares internacionales de derechos humanos y conlleva el riesgo de provocar lesiones graves.
Efraín Fueres falleció durante la protesta en Cotacachi, provincia de Imbabura, el 28 de septiembre. Human Rights Watch verificó tres videos compartidos en redes sociales que muestran a una persona que, según organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación y miembros de la comunidad, es Fueres. Un video, filmado por una cámara estática de circuito cerrado y publicado en X, muestra a Fueres siendo transportado por un grupo de cuatro personas en medio de decenas de personas que huyen de lo que parece ser gas lacrimógeno.
Las personas transportando a Fueres lo dejan en el suelo y tres de ellos huyen de dos vehículos blindados que entran en la toma. Un manifestante con una camiseta azul se queda con Fueres. Otro manifestante regresa junto a Fueres y parece realizarle una reanimación cardiopulmonar manual y luego huye nuevamente.
Los vehículos blindados regresan y cinco personas con uniformes militares salen de uno de los vehículos y golpean repetidamente a Fueres y a la otra persona durante varios minutos. Un miembro de las fuerzas de seguridad dispara gas lacrimógeno. A continuación, los soldados se marchan y otros manifestantes finalmente se llevan a Fueres.
La organización de derechos humanos Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), reportó que Fueres falleció a causa de una herida de bala en la espalda que le afectó el pulmón. La Fiscalía General ha abierto una investigación sobre el presunto uso ilegítimo de la fuerza que habría causado la muerte de Fueres.
La Alianza por los Derechos Humanos también informó que al menos 205 personas fueron detenidas. Algunos manifestantes han sido acusados de “terrorismo”.
El gobierno también ha tomado medidas para socavar la libertad de expresión y de asociación de las organizaciones indígenas y los grupos ambientalistas, según Human Rights Watch.
El 22 de septiembre, la agencia reguladora de telecomunicaciones suspendió durante 15 días el canal UHF 47, operado por el medio comunitario del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (TV MICC). La decisión, que Human Rights Watch revisó, cita un informe “secreto” que indica que el medio supuestamente “perjudica la seguridad nacional”. Otros dos medios comunitarios informaron que habrían sido suspendidos temporalmente en circunstancias similares.
Desde el 19 de septiembre, las autoridades congelaron las cuentas bancarias de organizaciones y líderes indígenas y ambientalistas, supuestamente sobre la base de informes de inteligencia “secretos”. El Ministerio del Interior afirmó que los grupos presuntamente habían financiado protestas violentas. La nueva Ley de Transparencia Social, impone un mayor control sobre las organizaciones no gubernamentales y permite a las autoridades congelar sus cuentas bancarias sin una orden judicial. En virtud de la ley, el gobierno también puede disolver las organizaciones que cometan infracciones “graves”, como llevar a cabo actividades no autorizadas.
El 25 de septiembre, la Fiscalía General abrió una investigación por “enriquecimiento privado injustificado” contra más de 50 personas, entre ellas el presidente de la CONAIE y miembros de organizaciones para la defensa del medio ambiente, como Pachamama y Yasunidos.
“El gobierno ecuatoriano debe garantizar la rendición de cuentas por los abusos y reconocer la importancia de los problemas que los manifestantes están planteando en las calles”, afirmó Goebertus.
